Cómo afrontar deudas exigibles legalmente

Tener obligaciones financieras es algo común en la vida moderna. En España, la deuda de las familias alcanzó los 707.500 millones de euros en 2023, donde las hipotecas representan el 74% del total. Pero, ¿qué ocurre cuando estas deudas no se pagan en el tiempo acordado?

Cuando se tienen deudas y se presentan dificultades para cumplir con los pagos, la situación puede volverse compleja rápidamente. Una deuda exigible es aquella que el acreedor puede reclamar de forma inmediata y sin condiciones, debido a que ha transcurrido el plazo acordado para su pago sin que el deudor haya cumplido, o porque se ha incumplido alguna de las condiciones establecidas. Además, una deuda también puede hacerse exigible cuando se vulnera alguna disposición legal relacionada con el pago.

Para que una deuda sea considerada legalmente exigible debe reunir ciertas características fundamentales:

• Inmediata: El pago puede ser reclamado sin demora.
• Sin contraprestación: La obligación de pago no depende de ninguna condición adicional.
• Resultado de un incumplimiento: Se produce cuando el deudor no ha respetado los plazos o condiciones acordadas.
• Sin impedimentos legales: No existen obstáculos jurídicos para su reclamación.

Cuando una deuda se vuelve exigible, el panorama cambia drásticamente para el deudor. En este momento, ya no hay espacio para negociar aplazamientos u otras condiciones. El acreedor adquiere el derecho de emprender acciones legales para reclamar el pago, aunque primero debe notificar al deudor mediante un requerimiento de pago o una notificación judicial.

Las consecuencias de no afrontar una deuda exigible pueden ser severas y progresivas:

1. Aplicación de intereses de demora que se acumulan a la deuda inicial, incrementando significativamente la cantidad a pagar.
2. Inclusión en listas de morosos como ASNEF, lo que dificulta obtener nuevos créditos en el futuro.
3. Reclamación judicial que puede derivar en un proceso monitorio, siempre que la deuda cumpla con ser dineraria, determinada, líquida, vencida y exigible.
4. Embargo de bienes presentes y futuros si no se asume el pago tras la reclamación judicial.

No obstante, no todas las deudas son eternamente exigibles. La legislación española contempla la prescripción, un mecanismo legal por el cual un acreedor pierde el derecho a iniciar acciones legales para cobrar una deuda debido al paso del tiempo. Los plazos de prescripción en España oscilan entre los 3 y los 20 años, dependiendo de la naturaleza de la deuda.

Para que una deuda prescriba deben cumplirse dos condiciones: que el acreedor no ejerza ninguna acción reclamando su deuda y que el deudor no reconozca o acepte la deuda pendiente. Sin embargo, la prescripción puede interrumpirse mediante una reclamación formal, una demanda o el reconocimiento del deudor, reiniciando el cómputo desde cero.

Una deuda se convierte en un verdadero problema cuando su dinámica lleva a un aumento constante de la relación deuda/PIB, lo que eventualmente podría resultar en una cesación de pagos. Los expertos consideran que el límite seguro de endeudamiento para una familia está alrededor del 35% de los ingresos netos mensuales.

Estrategias legales para negociar deudas exigibles

Enfrentarse a una deuda exigible puede ser realmente difícil, nosotros lo sabemos. Sin embargo, existen varias estrategias legales para abordar esta situación y evitar consecuencias más graves.

Cuando se recibe una reclamación de deuda, el primer paso es verificar su legitimidad. Si se considera que la deuda no existe, se debe comunicar esto mediante burofax a la empresa de recobro y solicitar documentación que acredite la obligación. Además, es necesario notificar a la empresa principal con la que supuestamente se contrajo la deuda. Si no se recibe una respuesta satisfactoria en un mes, se puede presentar una solicitud de arbitraje o acudir a los tribunales.

Por otra parte, si la deuda existe pero incluye cantidades o conceptos indebidos (como gastos no recogidos en el contrato original o intereses derivados de cláusulas abusivas), se debe contactar a la empresa para intentar llegar a un acuerdo. Si no se obtiene una solución en un mes, se puede solicitar un arbitraje de consumo o iniciar acciones judiciales.

Cuando la deuda es correcta, se recomienda abonarla lo antes posible. No obstante, ante dificultades económicas, se puede negociar con la entidad acreedora. Las instituciones financieras suelen ofrecer alternativas como:

• Reunificación de deudas: Agrupa todas las obligaciones en una sola, resultando generalmente en una cuota mensual menor, aunque con un plazo de amortización más largo.
• Carencia temporal: Permite pagar un valor menor en la cuota o suspenderla temporalmente mientras se reorganizan las finanzas.
• Ampliación del plazo: Extiende el período de pago para reducir la cuota mensual, aunque aumenta el coste total a largo plazo[62].

El sistema legal español también contempla mecanismos como el acuerdo extrajudicial de pagos, especialmente útil para personas físicas no empresarios. Este procedimiento permite negociar con los acreedores para modificar las condiciones de pago bajo la supervisión de un mediador concursal, que puede ser un notario en caso de particulares.

Para casos más graves, existe la Ley de Segunda Oportunidad, que establece un régimen de exoneración de deudas. Este sistema se basa en dos pilares: que el deudor sea de buena fe y que se liquide previamente su patrimonio. Cumplidas estas condiciones, el deudor puede ver exoneradas sus deudas pendientes bajo ciertas circunstancias[73].

A cualquiera puede ocurrirle que, tras tener una actividad económica muy activa y cumplir con todas sus responsabilidades financieras, de forma imprevista ocurra algo que no le permita pagar de forma habitual. En situaciones complejas, es recomendable contar con asesoramiento legal especializado. Un abogado puede evaluar las opciones disponibles, representar al deudor en negociaciones y detectar posibles irregularidades en los contratos que podrían favorecer su posición.

Así mismo, si la empresa de recobro muestra un comportamiento agresivo o vulnera el derecho al honor del deudor, este puede plantear una demanda en los tribunales exigiendo el cese de la hostilidad.

¿Cuándo conviene acudir a un abogado para evitar el embargo?

Ante la amenaza de un embargo, la situación puede generar gran preocupación. La intervención de un abogado especializado puede marcar la diferencia entre perder bienes valiosos o encontrar una solución viable. Según los expertos, existen momentos específicos en los que buscar asesoramiento legal resulta crucial.

Se recomienda consultar a un abogado cuando las negociaciones informales con el acreedor no han dado resultado o cuando la deuda supera un monto que justifica la intervención legal. Este profesional puede analizar la situación del deudor, revisar la documentación relacionada con la deuda y determinar la legitimidad del posible embargo.

Es recomendable buscar asesoramiento legal cuando existe la necesidad de presentar una demanda judicial o cuando se deben defender los derechos del deudor ante un tribunal. En casos donde la deuda excede los 2.000 euros, la representación legal se vuelve obligatoria tanto para el proceso monitorio como para la ejecución forzosa.

Resulta fundamental contar con un abogado cuando el deudor no tiene bienes suficientes para garantizar el pago o cuando existen dudas sobre la validez de la deuda. Un especialista puede identificar qué bienes son inembargables según la legislación vigente y proteger así el patrimonio esencial del deudor.

Los abogados también son indispensables cuando se busca evitar un embargo mediante la negociación con el acreedor. Pueden ayudar a restructurar la deuda, presentar un concurso de acreedores o mediar para acordar planes de pago alternativos que resulten viables para ambas partes.

Si el deudor considera que existe algún error procesal en la orden de embargo, un abogado puede presentar recursos legales para impugnarla dentro de los 5 días siguientes a la notificación. Esta oposición puede basarse en argumentos sobre la ilegalidad del proceso, la prescripción de la deuda o la falta de notificación adecuada.

Finalmente, un mecanismo que, una vez activado, paraliza todos los embargos ordenados sobre el deudor es la Ley de Segunda Oportunidad. Para acogerse a esta alternativa es necesario encontrarse en situación de bancarrota, es decir, no poder hacer frente a las deudas pendientes aunque se tenga voluntad de hacerlo. En este proceso, la asesoría de expertos resulta imprescindible para maximizar las posibilidades de éxito.

Alternativas legales ante la presión de pago inmediato

Enfrentar la presión inmediata de pago puede generar mucho estrés, especialmente cuando no se cuenta con los recursos económicos para responder de forma inmediata. No obstante, existen diversas alternativas legales para proteger los derechos y ganar tiempo para encontrar soluciones viables.

Cuando un acreedor exige el pago inmediato de una deuda, la primera opción es solicitar la documentación que acredite la obligación mediante burofax. Esta acción formal establece un precedente legal y obliga al acreedor a demostrar la legitimidad de su reclamación.

Si se necesita tiempo adicional, se puede negociar una espera (aplazamiento del vencimiento) o una quita (condonación parcial). Estas fórmulas permiten adaptar la extinción de la deuda a la situación económica actual.

Para casos más complejos, el procedimiento concursal representa una alternativa viable. A través de este mecanismo, un juzgado supervisará la reestructuración de la situación patrimonial, archivando cualquier otro proceso legal de reclamación.

Los mecanismos extrajudiciales como la mediación o el arbitraje de consumo ofrecen soluciones antes de llegar a los tribunales. Durante estos procedimientos, las empresas de recobro no pueden compeler al pago hasta su conclusión.

Para deudas tributarias, existen opciones específicas de aplazamiento si la situación económica impide temporalmente efectuar el pago. Estos aplazamientos se pueden solicitar tanto en periodo voluntario como ejecutivo.

Si se enfrenta acoso por parte de acreedores o empresas de cobro, se puede presentar una denuncia ante la CFPB o la FTC. Incluso se tiene derecho a demandar por prácticas abusivas que vulneren la dignidad o invadan la intimidad.

Resumiendo lo planteado, ante la presión de pago inmediato existen múltiples alternativas legales que pueden brindar protección y tiempo adicional para reorganizar las finanzas personales.

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