En el ámbito económico existen muchos conceptos que pueden generar inquietud, especialmente porque información financiera a menudo puede resultar compleja de entender, lo que lleva a confusiones comunes entre términos relacionados.
Uno de estos casos es la confusión existente entre bancarrota y Ley de Segunda Oportunidad. Muchas personas creen que hace referencia a lo mismo, pero en realidad son conceptos distintos.
Por eso, en este artículo explicamos de forma clara las diferencias, ventajas y desventajas de ambos, así como las implicaciones de elegir uno u otro. Quédate y descubre todo lo que necesitas saber.
Cuando una persona atraviesa una situación económica grave o de insolvencia, es habitual que se encuentre con términos como bancarrota, Ley de Segunda Oportunidad, liquidación de activos o reestructuración de deudas.
La Ley de Segunda Oportunidad se consolidó como un mecanismo legal que ofrece a los deudores, personas físicas y autónomos, una alternativa real para eliminar sus deudas total o parcialmente, siempre que cumplan ciertos requisitos.
Por otro lado, la bancarrota o, más correctamente, el estado de insolvencia reconocido oficialmente, es una situación en la que una persona, empresa o autónomo no puede cubrir sus obligaciones económicas, lo que le obliga a detener su actividad económica, ya sea de forma definitiva o gradual.
Cabe destacar que la bancarrota puede ser el primer paso para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, pero no constituye por sí sola un procedimiento completo.
¿Qué implica declararse en bancarrota en la Ley de Segunda Oportunidad?
Declararse en bancarrota significa reconocer legalmente la incapacidad de hacer frente a las deudas acumuladas. A partir de ahí, se puede activar el procedimiento concursal, que permite al deudor optar por la reestructuración de deudas o la liquidación de activos para saldar sus compromisos.
Gracias a la Ley de Segunda Oportunidad, desde 2015 este proceso también está disponible para particulares y autónomos, no solo para empresas.
Para acogerse a esta ley, es necesario estar en estado de insolvencia, lo cual debe ser reconocido por un juez. A partir de ahí, se inicia un proceso judicial que determina si el deudor cumple con los requisitos y puede beneficiarse de la exoneración total o parcial de sus deudas.
Existen dos alternativas dentro del procedimiento: por un lado, la liquidación de activos, que es la opción más rápida y consiste en usar el patrimonio del deudor para pagar sus deudas.
Mientras tanto, la segunda opción es el plan de pagos, donde se negocia un nuevo calendario ajustado al estado económico actual del deudor, facilitando el cumplimiento de sus obligaciones. Ambas opciones requieren asesoramiento financiero y legal especializado para maximizar las posibilidades de éxito.
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada opción?
La Ley de Segunda Oportunidad ofrece ventajas significativas en comparación con una simple declaración de bancarrota. Una de las principales es la posibilidad de cancelar deudas de forma total o parcial.
Y, cuando se elige la opción del plan de pagos, permite que las personas puedan proteger su vivienda habitual, y en algunas situaciones incluso su coche, cuando este no tiene un valor mayor al que se compró en el mercado y se usa para el trabajo.
En el mismo sentido, entre las ventajas de la Ley de Segunda Oportunidad se incluyen la protección ante los cobros judiciales y la paralización de los embargos, además de la eliminación de la lista de morosos.
Sin embargo, acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad también tiene algunas desventajas que se deben analizar con antelación, dentro de las que se abarcan que hay que cumplir con requisitos estrictos donde se encuentran:
– Estar en situación de insolvencia.
– Tener más de dos acreedores.
– Haber actuado de buena fe.
– No haber cometido delitos socioeconómicos.
– Ser persona física o autónoma.
Por otra parte, los costes que implica acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad son considerables y pueden ir desde los 2.500 hasta los 6.000 euros, por esto se recomienda tener una deuda valorada en una cifra superior con el fin de que la inversión valga la pena.
Aunque tras la reforma de 2022 se ha simplificado mucho más el proceso, para acogerse se debe llevar a cabo la contratación de abogados, ya que sigue siendo un procedimiento complejo.
Por su parte, la bancarrota suele implicar una liquidación de activos más directa y menos flexible. Entre sus ventajas se incluyen que se detienen los embargos hasta que un juez lo autorice, lo cual brinda cierto tiempo para que el deudor organice sus finanzas.
También que disminuye la presión de los acreedores, ya que será el juez quien se encargue de liquidar los bienes. Además, se congelan los intereses, evitando que la deuda continúe creciendo.
Sin embargo, entre las desventajas se encuentra que el proceso puede llevar a la pérdida total del patrimonio, y a menudo no garantiza la exoneración completa de las deudas, especialmente si existen créditos públicos o sanciones.
Otro aspecto negativo es que la bancarrota puede afectar gravemente el historial crediticio, lo que reduce significativamente la posibilidad de obtener financiación en el futuro.
En ambos casos, tener un asesoramiento financiero y jurídico adecuado es esencial. Una solicitud mal planteada, el desconocimiento del procedimiento o intentar ocultar información pueden llevar a la denegación del beneficio de exoneración.
Contacta abogados especializados en Ley de Segunda Oportunidad y bancarrota
Para lograr un resultado favorable al acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad o al declararse en bancarrota, es fundamental contar desde el inicio con asesoramiento financiero y legal especializado.
Un buen abogado puede marcar la diferencia, ya que conoce los criterios legales, interpreta las decisiones judiciales y sabe cómo negociar con los acreedores. Además, puede proponer alternativas a la liquidación como la reestructuración de deudas o planes de pago realistas.
También se encargará de reunir toda la documentación, demostrar la buena fe del deudor y aumentar las probabilidades de obtener una exoneración total o parcial.
En resumen, aunque la bancarrota y la Ley de Segunda Oportunidad están relacionadas, no son lo mismo. La bancarrota puede ser el primer paso, pero es la ley la que ofrece las herramientas legales para negociar, proteger activos y empezar de nuevo.
Ambas vías tienen sus pros y contras, y requieren análisis individualizados. Por eso, lo más recomendable es acudir a profesionales que valoren cada caso y ofrezcan la mejor estrategia.
Si quieres saber más sobre cómo iniciar el proceso de bancarrota o acogerte a la Ley de Segunda Oportunidad, ponte en contacto con nosotros.
